Domingo
Matías, sociólogo y experto en temas municipales cuestiona que el proyecto Ley
de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de La República
Dominicana porque vulnera la autonomía y las competencias propias de los
gobiernos locales.
En
la Cámara de Diputados cursa un proyecto de ley preparado por la Comisión
Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial. Este iniciativa fue depositada el 20 de agosto de 2013 y los diputados
pretenden aprobarlo en esta legislatura que vence el próximo sábado 26 de julio
2014.
Matías
valora como positivo el proyecto de ley en cuanto a que busca "articular
las diferentes instituciones que tienen competencias en materia de tránsito y
transporte, lo cual conllevaría la reducción del gasto del Gobierno
central". Expresó que el Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que será creado por la ley, vendría
a jugar un rol de consolidación de las políticas de tránsito y transporte en
República Dominicana.
También resalta como positivo que se defina un
proyecto de ley que busque aportar soluciones "al caos, el desorden y la
desinstitucionalización del transporte público y privado de pasajeros".
No obstante señala el experto que taxativamente
quedan derogados los literales a y b del Artículo 19 de la Ley 176-07 del Distrito
Nacional y de los Municipios en cuanto Competencias Propias del Ayuntamiento
sobre el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas en las vías urbanas
y rurales, además de normar y gestionar el
espacio público, tanto urbano como rural.
Dice
el sociólogo, quien es coordinador del Foro de Municipalistas, que los
diputados debieron tener como punto de partida la Constitución que ellos
aprobaron en el año 2010. Afirma que más que quitar competencias a los
municipios deberían transferir competencias y recursos. Y más que centralizar
se deberían territorializar las políticas públicas.
“El
artículo 204 de la Constitución
Dominicana establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias
y recursos. Y que su implementación "conllevará políticas de desarrollo
institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos",
apunta el también experto en planificación.
Matías llama a la reflexión a los congresistas para que preserven
competencias que únicamente los ayuntamientos a nivel nacional tendría
posibilidad de ejecutar como son los casos de la señalización, el control de
las estaciones o terminales públicas de autobuses y la normativa en materia de
uso de suelo para el transporte público. Señala el experto que hay que pensar
más allá de Santo Domingo y Santiago y conectarse con los 156 municipios del
país, en los cuales el INTRANT no tendría capacidad operativa para gestionar,
como no la tienen en la actualidad AMET, OTTT, la ONSA y el Ministerio de Obras
Públicas.
El municipalista señala
que es una aberración e injustificable la decisión el tratar que los
ayuntamientos pidan permiso al INTRANT para ejecutar trabajo en las vías
públicas. Dice que esto contraviene el espíritu de "las legislaciones a
nivel mundial donde se instituye que la normativa sobre las vías públicas, lo
mismo que el control de publicidad, constituyen competencias de vocación
municipal".Afirma que el tiro de
gracia a la autonomía municipal lo da la derogación del literal n del Artículo
19 de la Ley 176-07 de los municipios, la cual establece que los ayuntamientos tienen
la responsabilidad de ordenar y reglamentar el transporte público y urbano.
Ese día, la científica abordó un taxi para retornar a su casa tras salir de un laboratorio en Kobe.
