Por J. A. Peña Lebrón
MOCA.- Con solo palabras bonitas nunca podremos los dominicanos solucionar nuestros problemas. El hambre, la miseria, la insalubridad, la ignorancia y la falta de seguridad colectiva jamás han sido combatidas con fórmulas abstractas vacías de contenido. Transparencia, gobernabilidad, consenso, equidad, institucionalidad, etec. son términos refinados, conceptuales, con los que nunca se ha dado de comer al hambriento, de beber al sediento ni de vestir al desnudo; ni mucho menos se ha llevado a salud a los enfermos no educación y conocimientos a quienes carecen de ellos.
Por tal razón el denominar el 2011 como año de la transparencia y la institucionalidad, más que un proyecto realista que conduzca a resultados positivos para la nación, nos parece una nueva manifestación de magia política con la que se pretende acallar los reiterados reclamos del pueblo pidiendo al Gobierno y a quienes más calificadamente lo encarnan, someterse en todos sus actos a los dictados de la ley.
Una expresión clara de esa actitud popular lo constituye la demanda de asignación en el Presupuesto del 2011, de una cuatro por ciento del Producto Interno Bruto para el sector educativo, creando con ello un precedente indicador del peso que en el destino de la nación puede tener la OPINION PUBLICA cuando se proyecta en forma coherente y vigorosa.
En la misma dirección de exigir acatamiento a la ley hay dos temas aún de mayor importancia que el reclamo del 4 por ciento antes mencionados. Nos referimos a los debates suscitados en torno al contenido de los artículos 124 y 184 de la Constitución de la República, el primero de los cuales prohíbe la elección del Presidente para dos períodos consecutivos; y el segundo, que dispone la creación de un Tribunal Constitucional para garantiza la supremacía de la Constitución; Tribunal cuyas “decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
Alrededor de estos dos textos de nuestro Pacto Fundamental, cuya redacción parece no dejar la menor duda de su contenido, han surgido interpretaciones contradictorias que ponen en entredicho su alcance y valor. Todo ello a menos de un año de haber sido proclamada al actual Ley Sustantiva de la Nación.
En vista de que en tales debates públicos han tomado parte los más altos representantes de los tres Poderes del Estado, es de presumirse que las decisiones finales que se tomen sobre los puntos en conflictos, especialmente los relativos a la reelección presidencial consecutiva, y sobre la competencia del Tribunal Constitucional y la elección de sus integrantes, mostrarán al país con claridad meridiana si es cierto por el 2011 será el año de la transparencia y la institucionalidad, o si por el contrario en el mismo veremos repetido una vez más el predominio de las sombras y de los manejos tortuosos, para burlar las legítimas aspiraciones del pueblo dominicano.
MOCA.- Con solo palabras bonitas nunca podremos los dominicanos solucionar nuestros problemas. El hambre, la miseria, la insalubridad, la ignorancia y la falta de seguridad colectiva jamás han sido combatidas con fórmulas abstractas vacías de contenido. Transparencia, gobernabilidad, consenso, equidad, institucionalidad, etec. son términos refinados, conceptuales, con los que nunca se ha dado de comer al hambriento, de beber al sediento ni de vestir al desnudo; ni mucho menos se ha llevado a salud a los enfermos no educación y conocimientos a quienes carecen de ellos.
Por tal razón el denominar el 2011 como año de la transparencia y la institucionalidad, más que un proyecto realista que conduzca a resultados positivos para la nación, nos parece una nueva manifestación de magia política con la que se pretende acallar los reiterados reclamos del pueblo pidiendo al Gobierno y a quienes más calificadamente lo encarnan, someterse en todos sus actos a los dictados de la ley.
Una expresión clara de esa actitud popular lo constituye la demanda de asignación en el Presupuesto del 2011, de una cuatro por ciento del Producto Interno Bruto para el sector educativo, creando con ello un precedente indicador del peso que en el destino de la nación puede tener la OPINION PUBLICA cuando se proyecta en forma coherente y vigorosa.
En la misma dirección de exigir acatamiento a la ley hay dos temas aún de mayor importancia que el reclamo del 4 por ciento antes mencionados. Nos referimos a los debates suscitados en torno al contenido de los artículos 124 y 184 de la Constitución de la República, el primero de los cuales prohíbe la elección del Presidente para dos períodos consecutivos; y el segundo, que dispone la creación de un Tribunal Constitucional para garantiza la supremacía de la Constitución; Tribunal cuyas “decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
Alrededor de estos dos textos de nuestro Pacto Fundamental, cuya redacción parece no dejar la menor duda de su contenido, han surgido interpretaciones contradictorias que ponen en entredicho su alcance y valor. Todo ello a menos de un año de haber sido proclamada al actual Ley Sustantiva de la Nación.
En vista de que en tales debates públicos han tomado parte los más altos representantes de los tres Poderes del Estado, es de presumirse que las decisiones finales que se tomen sobre los puntos en conflictos, especialmente los relativos a la reelección presidencial consecutiva, y sobre la competencia del Tribunal Constitucional y la elección de sus integrantes, mostrarán al país con claridad meridiana si es cierto por el 2011 será el año de la transparencia y la institucionalidad, o si por el contrario en el mismo veremos repetido una vez más el predominio de las sombras y de los manejos tortuosos, para burlar las legítimas aspiraciones del pueblo dominicano.
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