El gobierno de República Dominicana
condenó hoy la acción que llevó a un grupo de policías a liberar a un
compañero de un tribunal del norte del país, donde una jueza dictó
contra el acusado prisión preventiva por el asesinato de una persona.
El presidente en funciones y encargado
del Poder Ejecutivo, Rafael Alburquerque, calificó el hecho como
"reprobable" y aseguró que el gobierno no tolerará este tipo de acciones
que hoy derivaron en la detención de 23 agentes de la dotación policial
involucrada.
Los policías incursionaron a la fuerza
este jueves en la carceleta del palacio de justicia de la localidad de
San Francisco de Macorís, 135 kilómetros al norte de Santo Domingo,
luego de que la jueza Fidelina Ramírez dictó orden de encarcelamiento
temporal de tres meses contra el agente Marino Alonso Torres, acusado de
la muerte de Enmanuel Díaz López.
Poco después de conocerse el fallo, un
grupo de agentes armados y con uniforme adscritos al Comando Regional
Nordeste de la Policía Nacional, se presentaron en la sede judicial,
liberaron al detenido y agredieron a varios periodistas que cubrían el
hecho.
"El gobierno rechaza y condena esa acción ilegal y bochornosa", dijo el vicepresidente Alburquerque a la prensa local.
El jefe de la Policía Nacional, mayor
general José Polanco Gómez, dijo hoy en una rueda de prensa que además
de la detención de los 23 agentes, el titular de la institución en la
localidad, el general Miguel de la Cruz, fue suspendido del cargo, al
igual que otros altos oficiales.
Polanco agregó que la policía conformó
una comisión para investigar el hecho, mientras que el procurador
general de la República, Radhamés Jiménez, anunció que se aplicarán
medidas drásticas contra los agentes.
Entre tanto, el presidente del Senado,
Reinaldo Pared Pérez, dijo que las autoridades deben ser "implacables"
con los policías que se amotinaron, no sólo despedidos sino sometidos a
la acción de la justicia. Fin
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