Explotación de trabajadores chinos pone sobre la mesa el tema de la inmigración
Los medios en Japón difunden con profusión que el número de turistas
chinos creció casi un 75 % en octubre, mientras que los grandes negocios
se frotan las manos ante el incremento de sus ventas impulsadas por la
creciente demanda de los visitantes del gigante asiático.
Sin embargo, hay otra realidad que involucra a ciudadanos chinos en Japón que apenas recibe atención mediática.
Associated Press narra la historia de un joven obrero chino cuya
situación dista mucho de la de sus prósperos compatriotas que hacen
turismo.
Entusiasmado por la posibilidad de triplicar sus ingresos trabajando
durante tres años en Japón, el joven obrero Wang Ming Zhi abandonó su
natal China tras desembolsar 7.300 dólares para cubrir los costos de su
traslado y colocación.
La realidad que encontró fue otra. Wang se afilió a un programa de
capacitación para extranjeros establecido en 1993 que en la práctica se
parece poco a lo que propone sobre el papel.
Wang fue destinado a un gran almacén, donde tenía que llenar cajas
con ropa, juguetes y otros productos. Su jefe se negó a proporcionarle
un contrato de trabajo y mes a mes retenía su salario.
Cuando el trabajador chino y otros extranjeros en su situación se
quejaron, su empleador les dijo que si no estaban conformes con su
situación podían irse.
Wang afirma que no tenía otra opción que quedarse, pues tenía que
recuperar su inversión y no tenía cara para regresar a casa y decirle a
su familia que no tenía los 40.000 dólares que había esperado ganar en
sus tres años de trabajo en Japón.
El programa de capacitación teóricamente apunta a mejorar la
capacidad técnica de trabajadores de países como China y Vietnam, pero
en la práctica se convierte –a veces– en una fuente de mano de obra
barata.
8 trabajadores y extrabajadores extranjeros del mencionado programa,
entrevistados por AP, aseguran que fueron engañados con respecto a las
remuneraciones y forzados a trabajar horas extras y pagar enormes
cantidades de dinero por el alquiler de viviendas en pésimas condiciones
de salud.
La historia de Wang pone en evidencia la precariedad laboral de un
mercado como el japonés que ante el envejecimiento de la población y la
reducción de la fuerza laboral contrata a extranjeros a los que muchas
veces no proporciona condiciones dignas de empleo.
Shoichi Ibusuki, un abogado que defiende a trabajadores extranjeros,
declara a AP que el programa de capacitación es descrito como una manera
de transferir tecnología y realza el rol de Japón como país solidario,
cuando en realidad mucha gente trabaja en condiciones de esclavitud.
La situación de gente como Wang vuelve a poner sobre la mesa el tema
de los inmigrantes extranjeros. Algunas voces sostienen que Japón debe
reconsiderar su resistencia a la inmigración, pues esta es vital para su
supervivencia económica. Un estudio gubernamental estima que la
población laboral en Japón –afectada por el envejecimiento de la
población y la baja tasa de natalidad– caería sustancialmente a 44
millones en el próximo medio siglo.
Los extranjeros y los inmigrantes de primera generación representan
menos del 2 % de la fuerza laboral en Japón, ratio que está muy lejos
del 14,2 % en Estados Unidos y 11,7 % en Alemania, por citar un par de
ejemplos.
Diversos sectores, entre ellos los sindicatos, han pedido que se
elimine el controvertido programa de capacitación y sea reemplazado por
un sistema formal de empleo de trabajadores extranjeros, con el fin de
lidiar con la escasez de mano de obra no calificada y la renuencia de
los jóvenes japoneses a hacer trabajos difíciles, sucios o peligrosos.
Hidenori Sakanaka, exjefe de la Oficina de Inmigración de Tokio, no
se anda con medias tintas: asegura que Japón necesita 10 millones de
inmigrantes en los próximos 50 años o su economía se derrumbará.
“Esa es realmente nuestra única salvación,” dice
Sakanaka. ”Deberíamos permitir que (los extranjeros) entren en el país
asumiendo que podrían convertirse en residentes de Japón”.
Sin embargo, es poco probable que ello ocurra en un país donde la
inmigración es percibida como una amenaza a la armonía social, según AP.
Hace más de 20 años, Japón comenzó a otorgar visas especiales a
latinoamericanos de ascendencia japonesa, pero muchos no pudieron
adaptarse a la tierra de sus antepasados. Más aún, tras el estallido de
la crisis financiera mundial en 2008, les ofreció dinero para que
retornasen a sus países de origen.
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