“DESARROLLO E INSTITUCIONALIDAD”

La publicidad gubernamental debe ser regulada.

Carlos Salcedo

Como si se tratara de un festival de coros de numerosas voces, disonantes y desafinadas con el concierto democrático, o un carnaval, caracterizado por el desenfreno y el descontrol, propio de un hedonismo burdo –comamos y bebamos que mañana moriremos o mejor, gastemos y publicitemos que mañana estaremos fuera-, hemos venido contemplando, desde hace años, en diferentes gobiernos, como una serie impresionante de instituciones públicas, sobre todo del ámbito ejecutivo, repiten, hasta la saciedad, sin piedad y sin ningún pudor, “sus” realizaciones.

Las tantas entidades públicas que lo hacen, con recursos del presupuesto del gobierno, destacan en sus anuncios y promociones, tanto la figura del incumbente del departamento gubernamental correspondiente como del representante del Poder Ejecutivo y, con ello del partido que local o nacionalmente dirige la cosa pública. Es tan exagerada la publicidad gráfica, radial y televisiva, como de toda naturaleza, que esta crece más que la verdolaga. Pero esto se exacerba exponencialmente en el período electoral que, para empeorar más ese estado de cosas, en República Dominicana parece que nunca acaba, pues siempre estamos en campaña.

La publicidad estatal es tanta que irrita, alarma y asquea. Llega al grado de la saturación embriagante. Estamos borrachos por la profusión inmisericorde de anuncios  gubernamentales para elevar egos y promover candidatos, directa o indirectamente, empleando para ello, de manera desigual e ilegal, los impuestos pagados por el pueblo dominicano. La promoción estatal es de tal magnitud que se puede afirmar que difícilmente el sector privado pueda competir en colocaciones de pautas comerciales con las colocadas por el gobierno, en las más diversas formas.

La televisión, el cable, la radio, los periódicos y todos los medios de comunicaciones y redes sociales están plagados de promoción personal de funcionarios con recursos públicos, que tanto necesitan áreas tan sensibles para bordear, por lo menos, niveles decentes y adecuados de educación, salud, medio ambiente sano, seguridad ciudadana y viviendas.

Esto horroriza, por el magnífico despliegue y sorprende por la quietud ciudadana frente al fenómeno. Y es que la población debe saber que, cuando los ayuntamientos, organismos centralizados y descentralizados del gobierno, las entidades autónomas y, en fin, las dependencias gubernamentales y los poderes públicos, en general, precisan del concurso, la disposición y la colaboración de la población para la ejecución de políticas públicas en las diferentes áreas de la administración estatal, es cuando deben funcionar y activarse los mecanismos de difusión, sensibilización, promoción y publicidad, pero siempre de manera racional.

Los anuncios gubernamentales sobre programas de vacunación, empadronamiento, campañas masivas de educación, de alfabetización, de civilidad, entre otras, tienen por finalidad dar a conocer la implementación de las decisiones del gobierno que necesitan del apoyo de la población para que esta esté preparada y pueda contribuir con su  realización exitosa. Pero dichos anuncios no pueden ser utilizados para la promoción personal de quienes gobiernan, pues eso constituye prevaricación, que es el nombre genérico que adopta la corrupción en sus más diversas manifestaciones en el orden público.

Ese despilfarro irresponsable y corrupto de fondos del erario, para cumplir un propósito y beneficio particular o grupal, en perjuicio de la colectividad, debe ser evitado a toda costa por el pueblo, pues esa enorme cantidad de recursos, los que se llevan las comisiones gubernamentales, los contratos de grado a grado para favorecer a determinadas personas, la exagerada nómina pública, los gastos en viajes, dietas y transporte para propósitos diferentes o distorsionados de la agenda pública, debe servir para los propósitos del pendiente desarrollo nacional con equidad, lo que solo puede alcanzarse con administradores públicos íntegros, eficientes y mediante la regulación rigurosa de la publicidad estatal.

Contrario a lo que ocurre, la publicidad estadual debe promover patrones de conductas de relevancia social, políticas de prevención del delito, seguridad pública, ahorro, preservación del medio ambiente, escolaridad, salubridad, limpieza, educación, amor y respeto a la patria y sus símbolos y héroes.

Para que responda a sus fines, la publicidad estatal debe: 1º. ser transparente en su diseño, puesta en obra y desarrollo; 2º. realizarse conforme a las funciones y atribuciones de la entidad; 3º. responder a las metas y prioridades establecidas en los programas respectivos; 4º.  describir y justificar las campañas institucionales propuestas; 5º. justificar técnicamente la selección, sin privilegios, de los medios de difusión, de acuerdo con el público y fines perseguidos, el alcance, tiempo, equilibrio informativo e impacto de la campaña; y, 6º. Contar con un presupuesto para impulsar las acciones comprendidas en las campañas.

Dado que esto no se está cumpliendo, debemos unirnos todos los que estamos conscientes del abuso por parte de la entidades públicas en el uso de cantidades exageradas de dineros públicos para crear opiniones favorables a favor del Presidente de turno, del gobierno y de los candidatos, para iniciar acciones legales y  cuantos medios nos brinda el sistema normativo y democrático contra quienes desde sus posiciones en los órganos públicos hacen de la promoción personal la principal fuente de legitimación comprada de sus actuaciones.

Es necesario, además, promover una ley que regule la publicidad estadual y la cultura de la eficiencia, eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos del presupuesto general de la nación, con las debidas consecuencias para los violadores de las leyes y de las reglas que organizan el Estado dominicano.