GALVAN, Bahoruco.- Ciento doce trabajadores de la única
industria existente en la región del Lago Enriquillo pidieron al Tribunal
Superior Administrativo que proteja sus empleos y haga prevalecer la decisión
del organismo estatal que aprobó el establecimiento de esta empresa al amparo
de la Ley 28-01 de Promoción del Desarrollo Fronterizo, y argumentaron que la
resolución sobre ese proyecto se adoptó cumpliendo todos los requisitos
establecidos.
La instancia ante la corte está firmada por los
abogados Luis Miguel Pereyra y Sergio Julio George, en representación de 112
trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA) única firma nacional
que fabrica rones y licores agrícolas, ubicada en una zona de marginalidad y
exclusión soci
al protegida por la Ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo formada por las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Bahoruco y Santiago Rodríguez.
al protegida por la Ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo formada por las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Bahoruco y Santiago Rodríguez.
La Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD) ha solicitado al tribunal, a través de una acción cautelar, contra esta industria
y otras existentes, la suspensión de su permiso para operar al amparo de la ley
28-01, alegando que se vulneran los
derechos de sus asociados porque las decisiones del Consejo de Coordinación
Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado
nacional y además interpuso un recurso contencioso administrativo para que las
autoridades revoquen los permisos.
“Es
increíble que una Asociación que debería promover la industria pida que se
elimine la única empresa industrial de toda una provincia, como si la gente del
Sur no tuviera derecho a vivir dignamente y disfrutar de empleos industriales
bien remunerados” declaró el vocero de los trabajadores, Marichal Romero.
Los trabajadores de la Licorera La Altagracia
alegan que tienen derecho a obtener una tutela judicial efectiva y piden que se
les permita intervenir voluntariamente en el conocimiento de la demanda de la
AIRD ya que se sienten amenazados de perder los empleos y, consecuentemente,
los beneficios de la seguridad social (salud, riesgos laborales y seguro de
vejez, discapacidad y sobrevivencia).
Alegan que si se suspenden las autorizaciones
otorgadas a la licorera, perderían su única fuente de ingreso y se reduciría a
su mínima expresión la actividad productiva de una provincia que, como
Bahoruco, ocupa uno de los índices de menor desarrollo del país.
La Licorera La Altagracia asegura que, como
empresa responsable ante la ley, ha procurado, desde el inicio de sus
operaciones, los permisos correspondientes para producir y comercializar sus
productos. Se dedica a la producción, comercialización, importación y
exportación de rones, licores y otras bebidas alcohólicas. En la actualidad
fabrica nueve tipos de rones agrícolas, lo que se exportan fuera del territorio
dominicano
Los beneficios de esta actividad productiva y
exportadora, asegura la ILAA, “contribuyen al desarrollo, crecimiento,
bienestar y progreso del denominado Sur profundo”.///
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