domingo, 11 de octubre de 2015

Tráfico de exámenes en la Olavide


Un juez imputa a cuatro estudiantes de Empresariales de la UPO por acceder al correo electrónico y a la nube para robar las preguntas. Habrían usado un software malicioso denominado 'keylogger' para apoderarse de las contraseñas del 'mail' y del almacenamiento en Dropbox.
Jorge Muñoz |
Una auténtica red de tráfico de exámenes que los intercambiaba como si se tratara de caramelos, a cambio de otros exámenes o incluso de dinero. Un juzgado de Sevilla ha imputado a cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y contra la intimidad, por haber accedido presuntamente a las cuentas de correo electrónico y al servicio de almacenamiento en la nube (Dropbox) utilizado por los profesores para hacerse con los exámenes finales de la asignatura de Contabilidad de Gestión.

La denuncia fue presentada por dos profesoras del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UPO, que pusieron en conocimiento del juez la supuesta filtración de los exámenes finales de las convocatorias de junio de 2014 y de 2015, y de la que se habrían beneficiado decenas de alumnos que habrían tenido los enunciados del examen antes del día de la prueba. Las profesoras Concepción Álvarez-Dardet y Carolina Ramírez comprobaron que un grupo de alumnos obtuvo una media cercana al sobresaliente, algo "poco frecuente" en la asignatura de Contabilidad de Gestión. Incluso advirtieron que algunos alumnos que "no había dado muestras de dominio de la asignatura en las numerosas preguntas que se realizan en el transcurso de las clases mantuvieron la clasificación de sobresaliente" e incluso respondieron correctamente a las preguntas más difíciles.

Estos estudiantes, algunos de los cuales habían cambiado de la Universidad de Sevilla a la UPO en los últimos dos años, respondieron a las preguntas "con las mismas palabras y formatos de esquemas y tablas, fuera del explicado en clase y que se pedía en el examen"; además "cometían los mismos errores" y realizaban cálculos que sólo se encontraban en un archivo de Excel utilizado por los docentes pero que, debido a su complejidad, no fueron solicitados en el enunciado definitivo, sino que se dieron como un dato directamente". Tras sospechar del primer fraude, en el curso pasado, la Olavide abrió una investigación interna y el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Francisco Carrasco Fenech, ofreció a los estudiantes la posibilidad de no adoptar medidas sancionadoras si contaban toda la verdad y ayudaban a esclarecer los hechos.

Uno de los estudiantes reconoció en esa investigación interna del decano que desde hace tiempo hay alumnos que "utilizan métodos informáticos para acceder a los usuarios y contraseñas de los profesores" y detalla que últimamente se notaba que la cosa "se les iba de las manos, ya que una gran cantidad de gente manejaba información. Esto conlleva que los alumnos hicieran cambios de información (ya sea clave por clave o incluso examen por examen). Las transacciones ya se hacían como si de caramelos se tratase", y para ello instalaban un virus que registraba todas las teclas que se presionaban y así tenían las claves.

Este mismo alumno admite que el día antes del examen de Contabilidad de Gestión -la más complicada de la carrera- un conocido le ofreció el examen, pero aunque tenían la información no sabían cómo responder a las preguntas, por lo que pidieron al "número uno de la clase" que les ayudara, a lo que éste accedió. Sin embargo, el día del examen, aunque todo fue normal, se dieron cuenta de que "no eran los únicos beneficiados, mucha gente lo había conseguido".

Otro de los jóvenes afirmó que el robo de contraseñas se viene "haciendo desde hace tiempo. Por los interiores de la Universidad y por fuera se producen intercambios de contraseñas y usuarios y negociaciones monetarias a cambio de obtener el examen final. No sólo en este curso y en esta carrera sino en cualquier curso y carrera. De hecho, muchos alumnos tenían en su poder el examen final y las diferentes pruebas que se han ido realizando a lo largo del semestre".

Otro estudiante incide en su respuesta en el tráfico de exámenes: "El número de personas implicadas es bastante amplio. Tal es la magnitud que en cualquier clase, no sólo de GADE (Grado de Administración y Dirección de Empresas), sino de otras facultades, se pueden encontrar personas que afirman tener exámenes, algunos los intercambian por exámenes y otros los venden por dinero; esto lo sé de oídas, pero con casi plena certeza podría asegurarlo".

Un alumno implicó a los profesores, al asegurar que desde que se incorporó a la UPO había escuchado "rumores sobre el examen que va a caer", a lo que añadió que "en muchos casos los exámenes son facilitados por lo propios profesores en clases anteriores, ya que consideran que es la parte importante" que deben aprender. "Incluso ha habido casos en los que nos han facilitado el examen tipo test con la respuesta marcada. En otro casos los facilitan los profesores que dan clases particulares en sus casas y muestran a sus alumnos los exámenes. Esto da lugar a la expansión inmediata del examen a la gran mayoría del alumnado".

En julio de 2014 volvió a correr el rumor entre los alumnos de que el examen había sido sustraído nuevamente. Fue entonces cuando las profesoras relacionaron esta situación con un hecho al que no habían dado importancia hasta ese momento: cuando elaboraban ese examen una de ellas vio que el correo sobre esa prueba que le envió su compañera aparecía en su bandeja de entrada como "leído", cuando no lo había abierto.

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ordenó al Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil que analizara la denuncia de las profesoras y los investigadores concluyeron, en septiembre de 2014, que "parece ser que una serie de alumnos pertenecientes a la UPO han accedido reiteradamente a correos electrónicos, tanto personales como profesionales, además del servicio que ofrece Dropbox, todo al objeto de aprobar varias asignaturas del departamento de Economía Financiera y Contabilidad". El magistrado reclamó a la compañía Google que facilitara los accesos realizados a las cuentas de correo electrónico de las profesoras, así como las direcciones IP desde las que se realizaron dichas conexiones.

Tras la primera denuncia en el juzgado, las profesoras realizaron una ampliación en relación con unos hechos que habrían ocurrido en junio de este mismo año y que consistían en que un grupo de alumnos se habría vuelto a hacer con el examen a pesar de las precauciones tomadas para que no se repitieran los acontecimientos del curso pasado: el examen lo elaboraron en ordenadores sin conexión a internet y se pasó de una profesora a otra mediante un pendrive o en una copia en papel.

A pesar de estas medias, nada más repartir el enunciado práctico del examen, observaron cómo "numerosos alumnos comienzan a resolver el ejercicio inmediatamente", algo que les extrañó porque lo normal suele ser necesitar un tiempo para leer y comprender un enunciado de esta asignatura.

Al corregir los exámenes detectan que 21 alumnos tenían "errores ilógicos exactamente iguales" y otros 33 mostraban procedimientos "indénticos, casi calcados" que no se habían desarrollado en la asignatura. Algunos revelan que tenían preparado un grupo de whatsapp con un profesor de una academia privada al que le iban a enviar una fotografía del enunciado y éste les mandaría la solución por fotografías. Cuando las profesoras anularon el examen ante el presunto fraude, uno de los estudiantes les envía un correo confirmando sus sospechas: "La situación me parece muy injusta y sé que el ambiente está caldeado por los acontecimientos del año pasado, pero yo no tengo la culpa de que los espabilados de la carrera se hayan metido en vuestros correos personales, ni tengo la culpa de que más de 40 personas estuvieran conectadas con un profesor particular que les resolvió el examen y encima mal resuelto".

Aunque la denuncia de las profesoras implica a siete estudiantes, el juez sólo ha imputado por ahora a cuatro estudiantes, que comparecieron en el juzgado a finales de junio y alguno de los cuales se acogió a su derecho a no declarar. La investigación sigue abierta.
http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/2130220/trafico/examenes/la/olavide.html

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