Por J. A. Peña Lebrón
En años recientes las relaciones entre
la República Dominicana y Haití han sido objeto de debates, centrados
mayormente en el supuesto tratamiento discriminatorio que las autoridades
dominicanas han dado a los hijos de nacionales haitianos que nacen en nuestro
territorio. El tema ha sido llevado y traído con amplio despliegue publicitario
en el exterior, con el apoyo de ciertas organizaciones sin fines de lucro, que
gozan de patrocinio de poderosos gobiernos extranjeros, los cuales se empeñan
en buscar, en base a la fusión de las dos naciones, solución a los graves
problemas políticos, económicos y sociales que abruman Haití, desde la época de
la constitución como estado independiente, es decir, hace ya más de dos siglos.
Desde el punto de vista jurídico, a la
luz de los principios contenidos en la Constitución política de Haití, y en
nuestra Carta Fundamental y legislación en materia de migración, la especie
difundida en el exterior, o defendida en nuestro ámbito doméstico, carece de
fundamento, y sobre ello en reiteradas ocasiones se han hecho del dominio
público los textos legales que estipulan quiénes califican para ostentar
nuestra nacionalidad, tal como lo hacen los demás estados del orbe, sin recibir
críticas por tal motivo.
Ahora bien, por razones de convivencia
humana e internacional es necesario que nuestro país y el vecino de occidente
conduzcan sus relaciones en la forma más cordial posible, estableciendo
mediante acuerdos claros y precisos los mecanismos apropiados para regular esas
relaciones, sin que la soberanía e independencia de una cualquiera de ellas se
vea menguada de una serie de acuerdos suscritos por los presidentes Leonel
Fernández, de República Dominicana, y Michel Martelly, de Haití, sin que se
dieran detalles de su contenido, los que esperamos estén ajustados a los
principios cuya aplicación nos hemos permitido sugerir.
Pero a pesar de todo lo que haya sido
acordado, y ante la magnitud de los problemas de crecimiento de población,
carencia de viviendas, desempleo, deforestación del territorio, y sobre todo la
ausencia de un orden político e institucional firme, que hacen de Haití una
nación inestable y de futuro impredecible, es prudente que los dominicanos
mantengamos siempre una actitud de alerta, frente a cualquier pretensión de
potencias extrañas de propiciar la unión de nuestros dos países, tal vez como
un medio de descargar su conciencia de la culpa que pesa sobre esas mismas
potencias, por haber contribuido con sus acciones a entorpecer el desarrollo
ordenado del estado haitiano, mediante prácticas malsanas de dominación
injustificada.
Acorde con tal propósito preventivo,
nunca debemos olvidar los dominicanos los motivos que indujeron a los pueblos
de la parte Este de la isla Española o Santo Domingo, a liberarse del régimen
opresor que por 22 años ejerció el poderío militar haitiano sobre nuestro
territorio, motivo expuestos con ánimo sereno pero firme en el Manifiesto del
16 de Enero de 1844, sobre el cual el historiador Wenceslao Vega B. expresa lo
siguiente: (citamos)
“El Manifiesto del 16 de Enero 1844 es
un hermoso y valiente documento. Contiene la expresión sensata y no fanática de
un pueblo cansado de vejámenes y desconsideraciones. Refleja el reconocimiento
de la imposibilidad de una unión real entre dos pueblos con rasgos tan
diferentes como el haitiano y el dominicano. Con palabras mesuradas justifica
la separación de esos pueblos y la decisión de que el dominicano constituirá en
lo adelante una nación separada. Expone desde el principio a la faz del mundo.
La justificación del acontecimiento que va a tener lugar a las pocas semanas,
bajo el argumento de la resistencia a la opresión, y al sagrado e inalienable
derecho a la religión contra el despotismo. …estos brillantes principios han
acompañado siempre al pueblo dominicano, quien ha sabido soportar tiranías y
malos gobiernos, pero cuando éstos llegan al límite del despotismo, también ha
sabido rebelarse y verter su sangre en la búsqueda de su merecida libertad”
Y termina el citado historiador
diciendo: “Las palabras del manifiesto del 16 de enero de 1844, deben ser
lectura obligada de la juventud de hoy y de mañana, y sus conceptos deben
mantenerse siempre como garantía de la libertad del pueblo dominicano.
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