Constitución declara de supremo interés desarrollo fronterizo
SANTO DOMINGO.- Legisladores
de las provincias Bahoruco e Independencia consideraron un atentado al
desarrollo de la región fronteriza sugerir el cierre de la única industria
establecida en la Región del Lago Enriquillo, y recordaron el mandato
constitucional que declara de supremo
interés nacional el desarrollo económico y social de esa zona.
Los
senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Antonio
Paula, de Bahoruco, y Juan Orlando
Mercedes, de Independencia, conjuntamente con
los diputados de ambas provincias se sumaron al reclamo de 112 trabajadores de
la Industria Licorera La Altagracia (ILLA) para que se protejan sus empleos y
se respete la decisión del Consejo de Coordinación de Desarrollo
Fronterizo que autorizó la operación de esa empresa en el municipio de Galván,
al amparo de la Ley 28-01 de desarrollo fronterizo.
Los diputados
que suscriben la posición son Eugenio Méndez, del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD); Miguel Angel Peguero Méndez, del Partido Popular Cristiano
(PPC); y Rafael Méndez y Pablo Santana, del PLD.
Los legisladores reaccionaron de ese modo ante la
demanda incoada por la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD), a través de una
acción cautelar, para que se disponga el cierre de al Licorera La Altagracia y
de otras empresas establecidas en la zona fronteriza al amparo de la ley 28-01.
La AIRD interpuso un recurso
contencioso administrativo solicitando
la suspensión de los permisos de operación de las industrias
fronterizas alegando que se vulneran los
derechos de sus asociados porque alegadamente
las decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo
Fronterizo provocan una distorsión en el mercado nacional.
Los senadores y
diputados expresan en su declaración que la región que representan
atraviesa actualmente por una dramática situación debido a las
inundaciones del Lago Enriquillo, por lo que consideran inaceptable la
petición contra la única industria que opera en al zona.
Recuerdan que el
artículo 10 de la Constitución de la República “declara de supremo y
permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y
turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y
productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo
dominicano”.
El
mismo artículo, apuntan los legisladores, dispone que “Los poderes públicos
elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública
en obras sociales y de infraestructura”
para asegurar el desarrollo de la zona.
“Los
senadores y diputados de nuestras provincias hemos acordado defender la
inversión y preservar los escasos empleos que se han creado en esta
empobrecida zona del país en virtud de los incentivos de la ley 28-0, y
de manera particular el caso de la Industria Licorera La Altagracia, dedicada a
la producción, comercialización, importación y exportación de rones, licores y
otras bebidas alcohólicas, que se estableció en el municipio de Galván
acogiéndose precisamente al régimen jurídico instituido por dicha legislación”,
indican los legisladores.///
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